En la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), un conflicto sin precedentes ha puesto bajo los reflectores a la profesora Graciela Alvarado Ávalos. Con más de 35 años de servicio como docente y un historial intachable, su reciente destitución mediante una Resolución Rectoral ha desatado un intenso debate. Entre acusaciones de irregularidades administrativas y el reconocimiento de su legado como líder sindical, la comunidad universitaria está dividida, pero más a favor de la docente sindicalista.
Graciela Alvarado, docente auxiliar de la Facultad de Tecnología Médica, ha dedicado los últimos siete años de su carrera al trabajo sindical, representando a los docentes universitarios del Perú. Entre sus logros más destacados se encuentra la aprobación por parte del Congreso de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio, una medida que marcó un hito en la historia de los derechos laborales de los docentes. Esta iniciativa permitió que los educadores jubilados recibieran una compensación más justa, elevando el nivel de reconocimiento hacia el gremio docente y su ardua labor a lo largo de los años.
El procedimiento administrativo disciplinario iniciado en abril de 2024 se encuentra en el centro de la controversia. De acuerdo con el Reglamento del Régimen Disciplinario para Docentes, los casos deben resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles. Sin embargo, el proceso contra Alvarado excedió este límite por un amplio margen, llegando a 145 días hábiles según documentos revisados. Este retraso, según el Sinduv, no solo representa una violación normativa, sino también un obstáculo significativo para el ejercicio de su derecho a una defensa justa y oportuna.
La Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (CPADD) de la UNFV ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad académica. En lugar de emitir un dictamen de imputación de cargos como exige el reglamento, la comisión adoptó el informe legal de un abogado externo, generando dudas sobre su imparcialidad. Este informe se utilizó como base para las acciones posteriores, a pesar de las irregularidades en su elaboración y aplicación. Además, la notificación del caso fue enviada al sindicato, y no al domicilio personal de la docente, una acción que contradice las normas establecidas y que dificultó aún más la posibilidad de preparar una defensa adecuada.
El Dr. Arturo Tovar Madueño, exsecretario general del Sindicato Único de Docentes de Villarreal (SINDUV), expresó: “Las irregularidades en este proceso no solo afectan a la profesora Alvarado, sino que también sientan un precedente preocupante para todos los docentes de la universidad”. Según él, la destitución refleja un acto de “mezquindad” por parte de las autoridades universitarias. Tovar también señaló que la actuación de la CPADD y del Consejo Universitario ha socavado los principios de transparencia e imparcialidad que deberían regir cualquier procedimiento disciplinario dentro de una institución pública.
La destitución de Alvarado ha generado una ola de reacciones en la comunidad académica. Estudiantes, docentes y líderes sindicales han manifestado su apoyo a la profesora a través de comunicados y publicaciones en redes sociales. “Esto no es solo una injusticia contra una persona, sino contra todos los que creen en la defensa de los derechos laborales y la transparencia”, expresó uno de los participantes. Las redes sociales se han convertido en un escenario clave para las discusiones, con numerosos mensajes que cuestionan la actuación de las autoridades universitarias y exigen la reinstalación de la docente.
Por otro lado, el equipo legal de la profesora Alvarado busca que se declare la nulidad de la resolución por violación al debido proceso y a su derecho a la defensa. Según los abogados de la docente, la ausencia de un dictamen claro y las irregularidades en las notificaciones representan motivos suficientes para anular el procedimiento disciplinario. Mientras tanto, organismos como el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo han sido instados a intervenir en el caso, con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos fundamentales de la profesora y de todos los docentes.
Este caso también ha despertado una discusión más amplia sobre la necesidad de revisar los reglamentos internos de la universidad y establecer mecanismos que aseguren la transparencia en los procedimientos administrativos. “Es imperativo que la universidad, como espacio de formación y justicia, garantice procesos imparciales que protejan a su comunidad académica”, declaró un docente que prefirió mantenerse en el anonimato.
Con el apoyo de la comunidad y la mirada atenta de la opinión pública, queda por ver si las autoridades universitarias reconsiderarán su postura o si se mantendrá el conflicto. Lo que está en juego es mucho más que una destitución: es la confianza en la justicia y la transparencia dentro de una de las instituciones educativas más importantes del país. Este caso podría convertirse en un parteaguas para los derechos laborales en la educación superior, sentando un precedente crucial para el futuro de la UNFV y otras instituciones similares.
La profesora Graciela Alvarado en breve diálogo con Pluma Villana dijo que su destitución es una represalia por la férrea defensa que hace de los docentes de la universidad y reflexionó que más bien debería ser reconocida por sus logros como la CTS. No hizo mayores comentarios según nos dijo porque estaba esperando reunirse primero con sus abogados.
Ella es secretaria general del Sindicato Único de Docentes de la UNFV y representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú por eso la noticia ha preocupado a los profesores de diferentes universidades del país por los logros que ella ha conseguido desde esta federación.
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